En los siguientes textos muestro aquellos que más pueden iluminar ese mensaje de Navidad, a mi modesto entender:
"¡Trámites, normas, cortesía, usos intermediarios, justicia, razón!¿De qué vino inventar todo esto, crear tanta complicación? Todo ello se presume en la palabra civilización. Se trata con todo ello de hacer posible la ciudad, la comunidad, la convivencia. Todos, en efecto, suponen el deseo radical y progresivo de contar con los demás. Civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación. Y así todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramamiento humano, pululación de mínimos grupos separados y hostiles".
"La forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. Ella lleva al extremo la resolución de contar con el prójimo y es prototipo de la "acción indirecta". El liberalismo es el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo y procura, aun a su costa, dejar hueco en el Estado que él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la mayoría. El liberalismo -conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a la minoría y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo: más aún, con el enemigo débil. Era inverosímil que la especie humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, tan acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprender que prontamente parezca esa misma especie resuelta a abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y complicado para que se consolide en la tierra.
¡Convivir con el enemigo! ¡Gobernar con la oposición! ¿No empieza a ser ya incomprensible semejante ternura? Nada acusa con mayor claridad la fisonomía del presente como el hecho de que vayan siendo tan pocos los países donde existe la oposición. En casi todos una masa homogénea pesa sobre el poder público y aplasta, aniquila todo grupo opositor. La masa -¿quién lo diría al ver su aspecto compacto y multitudinario?- no desea la convivencia con lo que no es ella. Odia a muerte lo que no es ella".
Ortega y Gasset "La rebelión de las masas" Cap. VIII
"Y la decencia en la vida pública no consiste en otra cosa que en imponer a todos los españoles la voluntad de convivir unos con otros, sean quienes sean unos y otros; que por encima y por debajo de todas las luchas propias a la natural disensión humana triunfe la resolución de nacional convivencia; por tanto, de respetar la vida pública del enemigo, de no escatimarle, ni discutirle ni sofisticarle sus derechos de español, sea el quien fuere: el fraile al ateo y el ateo al fraile, el militar al civil y el civil al militar, el patrono al obrero y el obrero al patrono.
Esa decencia, ni más ni menos que esa decencia o resolución de convivir radicalmente con el prójimo compatriota, aun dentro de la más enconada lucha, es el único secreto de que emanan la ejemplaridad y fecundidad de la historia inglesa en los dos últimos siglos. Pero mientras el obispo o el militar aspiren en el fondo de su alma, no solo a vencerme, deseo respetable, sino a suprimirme de la vida pública, o yo aspire a lo mismo con respecto a ellos, nuestra existencia nacional ni será decente ni será nacional".
Ortega y Gasset "El Sol 5 de febrero de 1930" OC XI p. 273 Ed. 1983
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Platónica advertencia sobre la respetabilidad del Estado
..."¿ Y en qué consiste ese respeto del gobernante al Estado? En la cosa más sencilla del mundo: en que maneje al Estado como lo que es como un Poder "público", y no como un Poder particular. Desde el Estado no se puede ni favorecer ni agredir metódicamente a ningún grupo de los que integran la comunidad. En la medida que haga esto el gobernante denigra al Estado y lo irrespetabiliza. Si los grupos todos, aun los más hostiles al Estado, no se sienten atendidos por él, tenidos en cuenta en cada acto y palabra del Gobierno, el Estado no es tal Estado. Es lo contrario del Estado. Cuando un grupo social practica agresión sobre el Estado, responde este con fulminante y aplastante energía. Entonces es verdadero Estado. Sea «derechista, sea «izquierdista», el Estado está obligado a sentir una suspicacia fabulosa por sus prerrogativas. Pero si es el Estado quien practica agresión sobre un grupo social, deja ipso facto de ser Estado y se convierte en su contrario: Revolución o Contrarrevolución y golpe de Estado. El golpe de Estado es, ante todo, golpe al Estado, su desnucamiento".
Ortega y Gasset: "Luz 15 de enero de 1932" OC XI p 421 Ed. 1983
Comentario a dicho artículo por Julián Marías en el libro "La España real": Sobre el respeto
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"Se pretende hacer del Estado un percherón que se ponga a arrastrar vetustas carretas particulares; se entrega el gobernante a satisfacer apetitos de los unos contra los derechos de los otros; se acostumbra al español a que mire la autoridad como un enemigo privado frente al cual solo cabe buscar la justicia con la propia mano; en suma, se elabora desde el Estado la anarquía".
Ortega y Gasset : "El Sol 17 junio 1920" OC X p. 655 Ed. 1983
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La libertad en juego 4 de junio de 1986
Artículo de Julián Marías en el que se describe la estrategia de destrucción de la libertad en las democracias:
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Las Cortes y el tiempo: El País 11 septiembre 1977.
"España en nuestras manos" Espasa Calpe 1978 p. 137
Artículo de Julián Marías en el que expresa los límites del poder político.
Una fracción de la opinión política española -expresada en algunos discursos de jefes de partido, editoriales de periódicos, comentarios de prensa, etc.- muestra escasa estimación por las. actuales Cortes. Antes de que quedaran constituidas se habló de su «próxima» disolución. Se ha hablado muchas veces de la conveniencia -o la esperanza- de que no cumplan su mandato de cuatro años, de que se disuelvan tan pronto como terminen la Constitución. Cuando se habla de un plazo de dos años suele producirse cierta inquietud y agitación, como si se tratase de un siglo; son muchos los que piensan -o desean- que la redacción de la Constitución es asunto de pocos meses. Son los mismos que dicen o insinúan que estas Cortes no son plenamente «representativas», y confían en que las próximas lo sean más. Sin demasiada malicia podría pensarse que se consideran verdaderamente representativas aquellas Cortes en que se tiene la mayoría -o al menos, la más importante minoría A los que no somos muy jóvenes, esta sospecha nos preocupa un poco.
Recordamos, en efecto, las Cortes de la República. Hubo entonces una manifiesta inclinación a no considerar aceptable más que la victoria -y la derrota, no lo olvidemos, es la otra faz de la democracia- Querer ganar democráticamente el poder significa estar dispuesto a perderlo. Las Cortes de 1931 no fueron nunca aceptadas por las derechas, que se limitaron a «aguantarlas» -con varias excepciones, como el levantamiento del 10 de agosto de 1932-. Los socialistas y algunos otros grupos no aceptaron las Cortes de 1933, y en octubre de 1934 pasaron a las vías de hecho. Por supuesto, las derechas volvieron a rechazar las Cortes de 1936, y en julio culminó esa actitud. Y hay que añadir -porque tengo una manía incontenible por decir toda la verdad y no sólo la mitad de ella- que, una vez iniciada la guerra, el Gobierno republicano y los partidos del Frente Popular no mostraron ninguna inclinación a respetar el sistema constitucional contra el cual se había revelado gran parte del Ejército, incitado por las derechas: no sólo eliminaron de las Cortes a todos los diputados ajenos a los partidos de la coalición gobernante, reduciéndolas a una fracción partidista, sino que no pusieron en funcionamiento las estructuras de mando previstas por la Constitución de 1931; basta recordar que nunca se declaró el «estado de guerra», y que toda la guerra civil fue combatida en «estado de alarma» -el colmo del eufemismo, si no hubiera significado el control por los partidos de lo que constitucionalmente correspondía al Ejército de la República-.
El
sistema democrático se desacredita cuando se pone en tela de juicio
el valor de las elecciones, se regatea la representatividad de las
Cortes o Parlamento, se muestra impaciencia por el final de su
mandato, se multiplican las elecciones, con inadmisible derroche
económico y una inevitable impresión de provisionalidad,
inestabilidad, inconsistencia. Se provoca así el desprestigio y la
fatiga de la democracia
Y es curioso que la impaciencia por tener elecciones se sienta en los países en que las hay, en que acaba de haberlas, y no en los que ni siquiera cuentan con ellas. Al menos en algunos: cuando los gobernantes chilenos hablan de posponer las elecciones hasta dentro de ocho o diez años, hay un clamor universal -bastante justificado-; pero nadie parece impaciente por que haya elecciones libres en Cuba, por ejemplo, donde el Gobierno se pasa muy bien sin ellas desde hace más de dieciocho años.
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Hay otro aspecto igualmente interesante -y paradójico- Los mismos grupos que quieren reducir a un breve plazo el mandato de las Cortes y sustituirlas cuanto antes, están dispuestos a admitir que redacten una Constitución minuciosa y que comprometa al pueblo español gravemente y por largo tiempo.
Sobre la relación de las Cortes -de las actuales o de otras cualesquiera- con el tiempo histórico quisiera escribir una palabra. Y esto me llevará a entrar en un tema aún más grave: el de los límites de aquello sobre lo cual se puede legislar, es decir, los de lo que se llama soberanía. Un Parlamento es siempre elegido en un momento de tiempo, es decir, por los electores que en un día determinado tienen derecho al voto -los que no lo ejercen, renuncian a él-. Cuando se trata de legislación ordinaria, no hay grave inconveniente; al cabo de un periodo determinado -cuatro años en la legislación española- habrá nuevas elecciones, nuevas Cortes y podrán modificarse y adaptarse a la nueva situación las decisiones de las anteriores si es necesario. Cuando se trata de la Constitución, ya es otra cosa.
Los parlamentarios encargados de redactarla han de tener presente que en principio debe "durar" -es desastroso que no sea así- No para siempre, ciertamente, pero por mucho tiempo, varias generaciones. La representación electoral no puede considerarse correspondiente "sólo" a un momento, el de la elección, sino a un futuro bastante dilatado; es menester que el país se sienta «cómodo», y esto quiere decir «libre» durante varios decenios, quizá siglos, dentro de la Constitución elaborada ahora. En otras palabras, la Constitución tiene que "prever el porvenir". Tiene que ser flexible, elástica, anticipar variaciones y crecimientos del cuerpo social. Los muchos detalles pueden ser una prisión dentro de la cual el pueblo se sienta molesto, y la tentación de pasar por encima de los preceptos constitucionales puede ser muy fuerte.
Por el contrario, la Constitución debe ser precisa, de clara interpretación. Debe señalar con rigor la estructura y coordinación ,de los diversos poderes del Estado, su forma, dejando abiertos sus diferentes posibles contenidos, es decir, las diversas políticas que se vayan sucediendo.
Pero, sobre todo, que las Cortes sean "soberanas" no quiere decir que sean dueñas del país y puedan disponer de él a su antojo. Esta sería una de las formas más atroces de tiranía que puedan pensarse, y no hay que permitir que se deslice siquiera esa posibilidad en nuestras mentes. Si el Parlamento alemán, el Reichstag, hubiera decretado el exterminio de la población judía de Alemania -y no es imposible que el que eligió a Hitler lo hubiera hecho-, no por ello hubiera sido una decisión legítima. El Parlamento, por soberano que fuese, no tenía el menor derecho a exterminar a una fracción del país. Algunos reyes medievales se creían autorizados, en uso de su soberanía, a repartir el Reino entre sus hijos -siempre hubo enérgica, resistencia a esta concepción patrimonial, que nunca prosperó-: no hay soberanía que pueda disponer de la integridad de un país. Si la Asamblea francesa o la Cámara de los Lores y la de los Comunes de común acuerdo, o el Congreso y el Senado en España, decidieran la incineración de los cuadros del Louvre, o de la National Gallery, o del Museo del Prado -o, si quiere uno contentarse con menos, su venta a un país extranjero-, es claro que tales decisiones serían inaceptables y sin valor.
¿Dónde está entonces la soberanía? Su marco es el de lo específicamente político; dentro de él, la potestad soberana es eso, suprema, sin que haya otra por encima "dentro de ese orden". Pero hay otros órdenes. Hoy parece evidente que hay los llamados «derechos humanos», que ningún país tiene derecho a violar, ni siquiera en uso de su soberanía (lo que no es tan evidente es cuál es el repertorio de los derechos humanos, menos aún su jerarquía y fundamentación). La vida personal, la vida privada, la libertad religiosa, quedan fuera de lo político, y por tanto, de la soberanía. El viejo principio "cujus regio ejus religio", que obligaría a seguir la religión «del país», nos parece hoy intolerable.
Ninguna potestad, por legítima y soberana que sea, puede disponer de la "realidad" de un país, ni de la de sus habitantes, por ejemplo, de sus biografías, de su manera de entenderse y proyectarse como personas. Es lo que, con otro lenguaje, late en los versos famosos de Calderón en "El alcalde de Zalamea", escritos -no se olvide- en la época de plenitud de la Monarquía "absoluta":
"Al Rey la hacienda y la vida
se ha de dar, pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios".
El área de la política se reduce a la convivencia social; ese es su campo, esos son los límites de la soberanía; más allá, la legitimidad se pierde y se desemboca en el despotismo, sea cualquiera la potestad que lo ejerza, sean cualesquiera los títulos que se invoquen. En esa extralimitación -en el sentido literal de la palabra- reside el principio del totalitarismo.
Y hay una consideración final que cierra el círculo de estas reflexiones y nos devuelve a su principio. La razón fundamental por la cual ninguna magistratura, institución o corporación tiene potestad para disponer de la realidad de un país es que ni siquiera el conjunto de sus habitantes puede identificarse con él; es decir, que aun supuesta una representación global y perfecta, ni aun entonces existiría esa soberanía sobre la realidad. España es algo más que el conjunto de los españoles, quiero decir de los vivientes. No se olvide que los votantes no son todos, y ya los votantes son una representación de la totalidad. Por otra parte, los vivientes van cambiando, el nacimiento y la muerte los alteran a cada instante, y no se- puede «privilegiar» a los que están vivos por azar un momento determinado, por ejemplo, el día de las elecciones. Pero, sobre todo, un país -España en nuestro caso- no se reduce al presente. La España "actual" no es toda la España "real", en ésta entra todo su pasado, del cual está hecho el presente, y el futuro, programáticamente actuante en el hoy.
Ninguna institución, ni siquiera unas Cortes soberanas -políticamente soberanas- tienen poder legítimo para hacer almoneda del pasado que nos constituye o para obturar las posibilidades en que consistimos -nosotros y nuestros descendientes- Las Cortes tienen que contar con el tiempo, con todo el tiempo de nuestra realidad histórica.
Continuará....
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